Primera editorial, Agronoticias Nº 1

LO QUE DEBEMOS HACER

El 26 de octubre de 1978 lo reveló el Presidente de la República, General EP Francisco Morales Bermúdez, y el domingo 29 lo confirmó el Ministro de Economía y Finanzas, Dr. Javier Silva Ruete: el Sector Agrario, esto es el rubro del cual depende la alimentación del país, tendrá la primera prioridad en el “Plan Económico 1979” formulado por el Gobierno.

Esto equivale a decir que los principales recursos y esfuerzos del Estado, en el año venidero, estarán destinados a dinamizar el desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del país, en una proporción tal que compatibilice con los índices de crecimiento de la población y la demanda de alimentos, permitiendo amenguar y, en cierto plazo, conjurar el brutal peso de la dependencia externa en el abastecimiento de productos e insumos alimenticios que –en la actualidad– representan la tercera parte de nuestras importaciones.

Esta trascendental determinación está basada en ocho lineamientos de política y 14 líneas de acción, que, a pesar de no contener todas las necesidades y preocupaciones del campo, traducen un sincero propósito de convertir a la agricultura, a la manera de China Popular, en la base del desarrollo socioeconómico de la nación.

A continuación va en síntesis lo anunciado por el Gobierno en torno al Sector Agrario.

 

POLITICA

Utilizar al máximo la tierra agrícola cultivable.

Ampliar la frontera agrícola.

Establecer una política de precios que garantice una oferta agropecuaria adecuada.

Fomentar la creación de pequeña y mediana agroindustria, buscando la integración vertical del agro.

Ampliar la infraestructura física que permita modificar los sistemas de comercialización.

Reforzar el sistema de captación y canalización de recursos financieros de acuerdo a la prioridad asignada al sector.

Establecer precios de venta de la tierra y del agua, en el caso de irrigaciones, compatibles con la inversión realizada y su recuperación para nuevas inversiones.

Desarrollar una política sistemática y permanente de sanidad animal y vegetal.

 

ACCIONES

Otorgar estabilidad a los límites máximos no afectables de tenencia de la tierra.

Ejecutar proyectos de corto período de maduración en irrigaciones, drenajes y otras inversiones necesarias para el aumento de áreas de cultivo y mejoras en la productividad, buscando la máxima absorción posible de mano de obra.

Reajustar los precios de los productos agropecuarios de acuerdo a la variación de costos, asegurando un razonable margen de ganancia a los productores.

Establecer un sistema de precios de refugio para productos de especial significación.

Aplicar estrictamente los dispositivos contenidos en la Ley de Reforma Agraria que penalizan la no utilización de tierras.

Mejorar el sistema de distribución de fertilizantes, pesticidas y semillas seleccionadas.

Acelerar la construcción y mejora de carreteras hacia zonas con áreas de cultivo potenciales, especialmente hacia la Ceja de Selva y Selva Central.

Establecer sistemas de avales por parte del Banco Agrario para garantizar créditos con el resto del Sistema Bancario.

Reforzar el sistema de canalización del crédito al sector agropecuario.

Limitar el proceso de urbanización de tierra agrícola.

Propiciar la participación directa de los productores en la comercialización de sus productos agrícolas.

Ampliar la asistencia técnica y administrativa a los productores para elevar la productividad del campo.

Fomentar la producción agro-industrial a fin de propiciar la integración vertical de la producción agropecuaria.

Habíamos señalado que estas medidas, no obstante su gran significado, eran incompletas. Nos reafirmamos. Faltan algunos aspectos que particularmente los productores juzgan clave: intensificar la investigación y extensión agropecuaria, potencializando en un solo programa los recursos del Ministerio de Agricultura y las Universidades Agrarias del país; crear un Sistema de Comercialización de Alimentos que de una vez por todas elimine la intermediación innecesaria; otorgar una tasa preferencial de interés en los créditos a agro (30 por ciento es unánimemente considerado suicida); institucionalizar la participación de los productores (a través de una organización nacional que ahora no existe) en la discusión de las decisiones y medidas vinculadas al agro; y, en última instancia, entregar el manejo del Sector Agrario a un técnico en la materia, dado que éste ahora engloba a dos sectores que hasta un año atrás eran independientes (Agricultura y Alimentación).

Sobre este particular es probable que se pronuncie el IV Congresos Nacional de Ingenieros Agrónomos y Profesionales Afines, a pedido de las bases.

Entretanto, resultan destacables las recientes, intensas giras, que el Ministro de Agricultura y Alimentación viene realizando por el interior del país, con el fin de beber de la propia fuente y no dejarse encandilar por los reportes triunfalistas que suelen alcanzarle algunos de sus colaboradores.

Otro hecho que abona a favor de Arbulú es su reafirmación de que “los funcionarios del Sector Agrario (léase funcionarios, especialistas y técnicos) deben salir al campo y prestar el apoyo necesario tanto a las empresas asociativas como a los pequeños y medianos productores…”. En efecto, de eso se trata y eso se debe hacer.

Reynaldo Trinidad Ardiles, AGRONOTICIAS  1 / 20 de noviembre de 1978